Columna publicada en La Diaria del 16 de Julio de 2008
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opinión
Algunas tesis a propósito de la Ley de Educación
1. Desde los comienzos de su actuación gubernamental, el Poder Ejecutivo hizo opciones que evidenciaban un criterio político -no autonómico- para proveer y nominar a los responsables del gobierno de los entes educacionales.
Esta tesis se funda en lo que hizo el Poder Ejecutivo para nombrar los responsables de los entes educacionales. El gobierno ofreció cargos al Partido Nacional y si ello no se concretó fue por desacuerdo político entre ambos.
Recientemente, en un reportaje que apareció en la prensa, el director general de la Educación -el Dr. Yarzábal- contesta, al ser preguntado acerca de su futuro, que cuando finalice su tarea en el Codicen abandonará la actividad política.
2. La ley proyectada mantiene la forma jurídico-administrativa que instauró la "Ley Sanguinetti" y no modificó la "ley de emergencia".
Dicha forma creó un órgano político que concentra todo el poder (Conae, Codicen) y "consejos desconcentrados", subordinados jerárquicamente al órgano central. El proyecto en discusión mantiene un Consejo centralizador y, por tanto, mantiene el retaceo regresivo a la autonomía que, previamente a 1973, tenían todos los consejos de la educación primaria, secundaria y UTU, cada uno de los cuales tenía la autonomía que les asigna la Constitución. Sólo se modifican los nombres de los órganos referidos y se da acceso minoritario a los docentes.
Es indudable que la estructura de gobierno de la educación diseñada por Sanguinetti en su ley, que conculcó la autonomía de los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, los redujo a apéndices "desconcentrados" y centralizó todo en un consejo único (Conae, después Codicen) no sólo es mantenida en la "ley de emergencia" sino, también, en este proyecto elaborado en el Ministerio de Educación y Cultura, quizás para gloria y asombro del mismo Sanguinetti.
3. La concepción autoritaria (totalitaria o totalizadora) de la educación niega, desconoce o cercena la autonomía en grado tanto mayor cuanto más totalitario es el gobierno.
Existió un totalitarismo "negro", concretado en el fascismo, el nazismo y el falangismo. También hay un totalitarismo "rojo", propio del llamado "socialismo real". Y, por fin, hay un totalitarismo "verde", ejercido por las dictaduras militares que, una vez instaladas, conculcan la autonomía interviniendo las universidades. Esto ha configurado -desde antaño- una agresión a casi todas las universidades de América Latina con costos vitales no sólo para estudiantes sino, incluso, para rectores.
Las actuales democracias "totalizadoras" no resisten la tentación de concentrar el poder y preservar las mayorías políticas en los órganos de gobierno dando acceso minoritario a los docentes. Pese a que la Constitución posibilita otra cosa (como en el caso de la Universidad), el proyecto opta por una autonomía "mediocre", vigilada y controlada directamente por el partido gobernante.
4. El actual proyecto de ley está inspirado por un criterio de control político -no autonómicode la educación, que ha sido tradicional en los gobiernos (colorados y blancos). Esto fue reforzado legalmente por la "ley Sanguinetti" y sus sucedáneas.
El control político posibilita la inestabilidad del gobierno de la educación en función del eventual cambio del partido en el poder. Evidentemente, si la provisión de los cargos de gobierno será establecido por el poder político, puede cambiar con cada período de gobierno.
La ley reverencia con exageración el derecho de los que detentan el poder político para nominar autoridades de la educación que les adjudica el derecho de regir su orientación en función de su propia concepción partidaria, cada cinco años. Así procedieron siempre "colorados y blancos". Así proceden, también, los "progresistas" y proyectan legislar para que así se siga procediendo por mucho tiempo más.
5. El criterio autonómico vigente en la Constitución de la República ha sido una conquista lograda mediante la lucha estudiantil (año 1951). Dicho criterio habilita grados autonómicos amplios similares a los que rigen la Universidad, pero aún no ha sido profundizado en sus potencialidades. La lucha estudiantil lo reforzó promoviendo la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad (1958).
La lucha estudiantil del 51 abrió las puertas a la autonomía no sólo de la Universidad, sino también a formas de gobierno autonómico de los demás entes de enseñanza. El actual proyecto no se preocupó en lo más mínimo de concretar esa autonomía latente en el texto constitucional, sino en consolidar el esqueleto estructural diseñado por Sanguinetti para arrasar con formas mediocres de autonomía, preexistentes a la aprobación de su ley.
6. El desconocimiento o retaceo de la autonomía en la educación significa desconfianza y miedo a la libertad. El gobierno (Poder Ejecutivo y Parlamento) tiene siempre recursos legales para intervenir los entes educacionales toda vez que las circunstancias obligaran a ello. La negación de la autonomía responde a la apetencia inexorable del poder que anima a los gobiernos: el poder nunca les alcanza y siempre aspiran a tener más. Es sabido que el gobierno tiene recursos legales para intervenir u observar el gobierno autónomo de la educación. Además, los autores del proyecto tienen miedo a la autonomía -quieren controlar la gestión desde adentro- y ello evidencia su temor a la libertad de acción de órganos autonómicos que profundicen y avancen con decisión por encima de las estructuras políticas vigentes, impulsando cambios y transformaciones que los políticos desean controlar desde su gestación.
En realidad, en todos estos años, el gobierno no ha hecho sino controlar el descontrol. El estado en el que ellos y sus antecesores han dejado a la enseñanza secundaria y técnico-profesional es prueba irrefutable. Gracias al gobierno político, amplios sectoresde la educación están cada vez peor.
Temen a los estudiantes, temen a los padres, temen a todo lo que no puedan controlar. Para fundamentarlo confunden -y no por ignorancia- autonomía con autarquía. Lo más triste es que haya gremios que transijan con el retaceo, compartan el horror a la presencia estudiantil en el gobierno y renuncien a lo que hasta hace poco defendían.
¿Miedo al compromiso, miedo a la libertad, miedo a su propia capacidad para asumir responsabilidades?
7. La inexistencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno educacional significa: desconocimiento grave e inexplicable de lo que ha sido el aporte estudiantil en el gobierno universitario; ignorancia -de hecho- del potencial creativo de los jóvenes; inadvertencia -por parte de quienes bien lo saben- de una realidad probada: los estudiantes han sido siempre una garantía de decencia.
Y los estudiantes: universitarios, de los institutos de formación docente, secundarios y técnicoprofesional, ¿no se dan cuenta de que ha llegado la hora de remover las lacras de la intromisión de la política en la educación, o están tan infiltrados políticamente que se niegan a sí mismos?
Pablo V Carlevaro, ex decano
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República
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opinión
Algunas tesis a propósito de la Ley de Educación
1. Desde los comienzos de su actuación gubernamental, el Poder Ejecutivo hizo opciones que evidenciaban un criterio político -no autonómico- para proveer y nominar a los responsables del gobierno de los entes educacionales.
Esta tesis se funda en lo que hizo el Poder Ejecutivo para nombrar los responsables de los entes educacionales. El gobierno ofreció cargos al Partido Nacional y si ello no se concretó fue por desacuerdo político entre ambos.
Recientemente, en un reportaje que apareció en la prensa, el director general de la Educación -el Dr. Yarzábal- contesta, al ser preguntado acerca de su futuro, que cuando finalice su tarea en el Codicen abandonará la actividad política.
2. La ley proyectada mantiene la forma jurídico-administrativa que instauró la "Ley Sanguinetti" y no modificó la "ley de emergencia".
Dicha forma creó un órgano político que concentra todo el poder (Conae, Codicen) y "consejos desconcentrados", subordinados jerárquicamente al órgano central. El proyecto en discusión mantiene un Consejo centralizador y, por tanto, mantiene el retaceo regresivo a la autonomía que, previamente a 1973, tenían todos los consejos de la educación primaria, secundaria y UTU, cada uno de los cuales tenía la autonomía que les asigna la Constitución. Sólo se modifican los nombres de los órganos referidos y se da acceso minoritario a los docentes.
Es indudable que la estructura de gobierno de la educación diseñada por Sanguinetti en su ley, que conculcó la autonomía de los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, los redujo a apéndices "desconcentrados" y centralizó todo en un consejo único (Conae, después Codicen) no sólo es mantenida en la "ley de emergencia" sino, también, en este proyecto elaborado en el Ministerio de Educación y Cultura, quizás para gloria y asombro del mismo Sanguinetti.
3. La concepción autoritaria (totalitaria o totalizadora) de la educación niega, desconoce o cercena la autonomía en grado tanto mayor cuanto más totalitario es el gobierno.
Existió un totalitarismo "negro", concretado en el fascismo, el nazismo y el falangismo. También hay un totalitarismo "rojo", propio del llamado "socialismo real". Y, por fin, hay un totalitarismo "verde", ejercido por las dictaduras militares que, una vez instaladas, conculcan la autonomía interviniendo las universidades. Esto ha configurado -desde antaño- una agresión a casi todas las universidades de América Latina con costos vitales no sólo para estudiantes sino, incluso, para rectores.
Las actuales democracias "totalizadoras" no resisten la tentación de concentrar el poder y preservar las mayorías políticas en los órganos de gobierno dando acceso minoritario a los docentes. Pese a que la Constitución posibilita otra cosa (como en el caso de la Universidad), el proyecto opta por una autonomía "mediocre", vigilada y controlada directamente por el partido gobernante.
4. El actual proyecto de ley está inspirado por un criterio de control político -no autonómicode la educación, que ha sido tradicional en los gobiernos (colorados y blancos). Esto fue reforzado legalmente por la "ley Sanguinetti" y sus sucedáneas.
El control político posibilita la inestabilidad del gobierno de la educación en función del eventual cambio del partido en el poder. Evidentemente, si la provisión de los cargos de gobierno será establecido por el poder político, puede cambiar con cada período de gobierno.
La ley reverencia con exageración el derecho de los que detentan el poder político para nominar autoridades de la educación que les adjudica el derecho de regir su orientación en función de su propia concepción partidaria, cada cinco años. Así procedieron siempre "colorados y blancos". Así proceden, también, los "progresistas" y proyectan legislar para que así se siga procediendo por mucho tiempo más.
5. El criterio autonómico vigente en la Constitución de la República ha sido una conquista lograda mediante la lucha estudiantil (año 1951). Dicho criterio habilita grados autonómicos amplios similares a los que rigen la Universidad, pero aún no ha sido profundizado en sus potencialidades. La lucha estudiantil lo reforzó promoviendo la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad (1958).
La lucha estudiantil del 51 abrió las puertas a la autonomía no sólo de la Universidad, sino también a formas de gobierno autonómico de los demás entes de enseñanza. El actual proyecto no se preocupó en lo más mínimo de concretar esa autonomía latente en el texto constitucional, sino en consolidar el esqueleto estructural diseñado por Sanguinetti para arrasar con formas mediocres de autonomía, preexistentes a la aprobación de su ley.
6. El desconocimiento o retaceo de la autonomía en la educación significa desconfianza y miedo a la libertad. El gobierno (Poder Ejecutivo y Parlamento) tiene siempre recursos legales para intervenir los entes educacionales toda vez que las circunstancias obligaran a ello. La negación de la autonomía responde a la apetencia inexorable del poder que anima a los gobiernos: el poder nunca les alcanza y siempre aspiran a tener más. Es sabido que el gobierno tiene recursos legales para intervenir u observar el gobierno autónomo de la educación. Además, los autores del proyecto tienen miedo a la autonomía -quieren controlar la gestión desde adentro- y ello evidencia su temor a la libertad de acción de órganos autonómicos que profundicen y avancen con decisión por encima de las estructuras políticas vigentes, impulsando cambios y transformaciones que los políticos desean controlar desde su gestación.
En realidad, en todos estos años, el gobierno no ha hecho sino controlar el descontrol. El estado en el que ellos y sus antecesores han dejado a la enseñanza secundaria y técnico-profesional es prueba irrefutable. Gracias al gobierno político, amplios sectoresde la educación están cada vez peor.
Temen a los estudiantes, temen a los padres, temen a todo lo que no puedan controlar. Para fundamentarlo confunden -y no por ignorancia- autonomía con autarquía. Lo más triste es que haya gremios que transijan con el retaceo, compartan el horror a la presencia estudiantil en el gobierno y renuncien a lo que hasta hace poco defendían.
¿Miedo al compromiso, miedo a la libertad, miedo a su propia capacidad para asumir responsabilidades?
7. La inexistencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno educacional significa: desconocimiento grave e inexplicable de lo que ha sido el aporte estudiantil en el gobierno universitario; ignorancia -de hecho- del potencial creativo de los jóvenes; inadvertencia -por parte de quienes bien lo saben- de una realidad probada: los estudiantes han sido siempre una garantía de decencia.
Y los estudiantes: universitarios, de los institutos de formación docente, secundarios y técnicoprofesional, ¿no se dan cuenta de que ha llegado la hora de remover las lacras de la intromisión de la política en la educación, o están tan infiltrados políticamente que se niegan a sí mismos?
Pablo V Carlevaro, ex decano
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República
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